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Cadena perpetua para que no haya ni unx pibx menos

El 29 de diciembre de 2012 Brian Hernández, de 14 años, fue fusilado de un balazo en la nuca, por el policía Claudio Salas en Neuquén. Un año después en el proceso judicial, Gabriel Gutiérrez, quien estaba con Brian cuando fue asesinado, declaró como testigo. Su testimonio fue crucial en el caso de gatillo fácil en el que murió su amigo. Al día siguiente de su declaración, le pegaron cinco balazos en la puerta de la casa de su novia, sin embargo para la justicia no hubo relación entre los hechos, solo fue una disputa de drogas.

En diciembre de 2013 se logró un fallo ejemplar en esta causa, producto de la actuación de los abogados que llevaron adelante la querella, y de la lucha organizada en las calles: una condena a cadena perpetua al asesino de Brian,  Claudio Salas, por “haber sido cometido por un miembro de las fuerzas policiales abusando de su función y con violencia mediante el empleo de un arma de fuego”. Este fallo ejemplificador permitió que, en agosto de 2014 en la misma provincia, se dictara una condena similar, contra el asesino de Matías Casas de 19 años, al policía Héctor David Méndez, luego del veredicto unánime de un jurado popular.

La respuesta del Estado y la justicia no demoró, no iban a permitir avanzar en este tipo de precedentes, por eso en septiembre de 2014 revocaron la primer sentencia a cadena perpetua del asesino de Brian Hernández, y en diciembre de ese mismo año, amparándose en la revocación de la pena de Salas, se pide el mismo trato para la condena lograda contra el asesino de Matías Casas.

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El 8 de septiembre de 2011 el joven de 25 años Bruno Pappa, era fusilado por Enzo Alvarez, un oficial de la Policía Metropolitana quien estaba fuera de servicio.

Dos testigos directos dieron a entender que Pappa no representaba peligro alguno para Álvarez, quien estuvo en el piso e indefenso al momento de recibir el disparo. En su defensa, el policía declaró que el disparo había sido como consecuencia de un “forcejeo”. Finalmente la fiscalía lo descartó en base a dichos de testigos y peritos. Por este episodio de gatillo fácil, le impusieron a Álvarez la misma pena que había sido solicitada por el fiscal Marcelo Martínez Burgos y la querella: Álvarez fue condenado a prisión perpetua, ya que la justicia lo halló responsable del “homicidio agravado por haber sido cometido por un miembro de las fuerzas policiales en abuso de sus funciones” en mayo de 2015.

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El 28 de marzo del 2012, después de una persecución de más de 6 km, Matías Lobos (de 17 años) fue asesinado por un policía en General Rodríguez, Buenos Aires. Meses más tarde, el primer fiscal de la causa, había pedido sobreseer al policía Roberto Julio Pánceres, sin investigación ni pericias previas. Pánceres en el juicio, dijo que se sintió amenazado porque Matías le mostraba un arma y que varias veces disparó contra el patrullero.

El procedimiento a posterior fue por demás ilegal, Matías fue llevado ya muerto en el móvil policial sin ningún operador de la justicia, donde fue “identificado” por quienes habían sido supuestamente asaltados por Matías y otrxs jóvenes con quienes, según la declaración policial, habían intercambiado disparos.

Las pericias constataron que no había restos de pólvora en ninguno de lxs jóvenes, que nunca se encontraron los casquillos del arma de Matías y que el patrullero no tenía perforaciones recientes de bala.

Ninguno de los policías que estaban en los otros dos patrulleros recordaban algo: “no me acuerdo”, repetían a cada pregunta.

La Justicia investigó y coincidió en abril de 2016 que el Oficial Roberto Pánceres debía ser condenado a Cadena Perpetua.

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En la madrugada del 25 de septiembre de 2014, el oficial Jorge Villegas le disparó por la espalda a muy corta distancia al joven Pablo Vera, situación demostrada  en los peritajes. Asimismo se confirmó que el disparo sucedió desde el arma reglamentaria de Villegas. En el juicio, el policía declaró que el tiro “se le escapó” en medio de un forcejeo con el joven.

En mayo de 2016 la Cámara Criminal Tercera de Fiske Menuco, General Roca resolvió condenar a prisión perpetua a Jorge Villegas, acusado del homicidio de Pablo Vera doblemente agravado por uso de arma de fuego y abusando de la función policial.

Las estadísticas del terror y lxs pibxs que nos faltan

Según el informe anual de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) entre 1983 y 2016 hubo 4960 casos de asesinatos en manos de las fuerzas represivas del estado. El 46% de esas muertes fueron por gatillo fácil. En los periodos entre 2013 a 2016 el promedio de casos anual fue alrededor de 250 pibxs asesinadxs. Hace 20 años en igual periodo de 1993 al 1996 el promedio era de 50 casos al año. No existe proporción alguna que justifique o tolere que hoy estemos frente a una condena anual en promedio, cuando de estos promedios estaríamos alrededor de 125 pibxs asesinadxs sólo por gatillo fácil, donde la mayoría de las causas se cierran o quedan en un letargo de una elevación a juicio que nunca llega. El escenario es más adverso aún si el hecho sucedió en el marco de un asalto. Pero en definitiva es una vida menos.

Rubén Leiva y Lucas Chávez contribuyen a esas estadísticas con 3 casos entre el 2011 y 2014, un caso por año es responsabilidad material de estos dos policías. Después dejaron de asesinar: cuando la justicia al fin decidió desplazarlos de sus funciones y un año más tarde dictar la prisión preventiva, fruto de la lucha en las calles y el reclamo constante de familiares, amigxs, organizaciones sociales y medios alternativos de comunicación.

Este juicio es el primero de estas características en Córdoba, donde los medios de comunicación, fiscales y abogados querellantes enmarcan el hecho como “gatillo fácil” y con un pedido de condena ejemplar: cadena perpetua. Porque justicia es que no pase nunca más.

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